Un fallo del fuero civil expuso los riesgos que aún existen en la utilización de billeteras virtuales y bancos digitales. En Tucumán, según explicaron fuentes judiciales y abogados especializados en este tipo de delitos, el crecimiento de los casos avanzó de la mano de la expansión de estos mecanismos financieros.

Un tucumano denunció que Belo le había impedido disponer de los fondos que había depositado para disfrutar de sus vacaciones en Brasil. Luego de un proceso judicial, el juez Raúl Eugenio Martín Tejerizo falló a favor del damnificado y ordenó que la empresa le abonara una indemnización de $8 millones. Parte de ese dinero fue donado al Hospital de Niños.

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Sin embargo, en el fuero penal también se registró un incremento de denuncias vinculadas con delitos económicos cometidos a través de billeteras virtuales. Fuentes del Ministerio Público Fiscal explicaron que no todos los casos son investigados porque, en muchas oportunidades, los damnificados aportaron voluntariamente la información utilizada para concretar las maniobras. La intervención judicial suele producirse cuando se comprueba que los sospechosos obtuvieron esos datos sin autorización de sus titulares.

“Es una situación muy compleja. Es cierto que existen fallas de seguridad, pero también es verdad que muchas personas no siguen las recomendaciones básicas y terminan entregando información sensible a desconocidos”, explicó un investigador. “En los últimos tiempos también crecieron los casos en los que los delincuentes obtienen datos personales mediante engaños para luego concretar las estafas”, añadió en una entrevista con LA GACETA.

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Entre las maniobras más frecuentes aparecen la utilización indebida de fondos depositados en billeteras virtuales, la gestión fraudulenta de préstamos que luego son transferidos a terceros y los supuestos pagos respaldados por comprobantes falsificados.

Un ejemplo

Jaime Roig, el abogado que obtuvo el fallo contra Belo, recordó una declaración realizada por Manuel Beaudroit, CEO de la billetera virtual, durante una audiencia vinculada con este caso. “Podemos construir la mejor puerta de seguridad, pero si usted le entrega la llave a alguien que no debe ingresar, esa persona va a entrar porque el sistema está diseñado justamente para permitir el acceso con esa llave”, señaló.

“Justamente ese es el problema que enfrentan los usuarios de estas plataformas. Las medidas de seguridad son débiles”, sostuvo Roig en una entrevista con LA GACETA. “Tampoco se puede desconocer que algunas empresas, en su afán de sumar clientes, permiten abrir cuentas vinculándolas con Facebook o Instagram. De esa manera resulta mucho más sencillo obtener datos personales y diseñar una maniobra fraudulenta”, añadió.

Una fuente judicial explicó que muchas veces los delincuentes se comunican con potenciales víctimas para ofrecerles productos o servicios. Utilizan información personal obtenida previamente para generar confianza y lograr que soliciten créditos o autoricen operaciones que terminan vaciando sus cuentas.

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“No se puede dejar de lado que existen organizaciones dedicadas exclusivamente a recolectar datos personales para concretar estafas o apropiarse de fondos depositados en cuentas digitales”, comentó Roig. “Si a eso se suma la falta de controles adecuados, cualquier persona puede convertirse en víctima si no adopta las medidas de protección correspondientes”, agregó.

El abogado Juan Guerrero, también especializado en este tipo de delitos, señaló que uno de los principales problemas es la masificación del uso de billeteras virtuales. “Hoy hasta un menor de edad puede acceder a una cuenta. Eso no es otra cosa que un terreno fértil para quienes buscan oportunidades para cometer este tipo de ilícitos”, destacó.

“Por esa razón no solo es fundamental desarrollar campañas de educación y prevención, sino también unificar y fortalecer los sistemas de seguridad”, añadió el profesional en una entrevista con LA GACETA.

Roig sostuvo que existen diversas medidas que podrían adoptarse para proteger mejor a los usuarios. “No solo se puede recurrir a herramientas tecnológicas, como la identificación facial o dactilar, sino también implementar otros mecanismos. Por ejemplo, establecer una doble validación para el otorgamiento de créditos o fijar límites para las transferencias realizadas en un mismo día”, propuso.

Otro problema

El también abogado penalista Patricio Char advirtió que detrás de este fenómeno existen otros factores. “El crecimiento de la informalidad económica generó una importante expansión de las billeteras virtuales. A muchas personas les preocupan poco las medidas de seguridad con tal de operar con mayor libertad dentro del sistema financiero. Obviamente, eso tiene un costo”, señaló.

“Otro de los inconvenientes es que muchos usuarios operan con empresas que no tienen radicación en el país. Eso genera un problema importante porque, ante cualquier conflicto, resulta mucho más complejo iniciar acciones judiciales. Es posible hacerlo, pero los costos pueden superar ampliamente los montos reclamados”, explicó.

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“Es recomendable optar por empresas radicadas en Argentina, pero también es necesario reforzar las medidas de seguridad y avanzar en una legislación que proteja a los usuarios. La Justicia está dando respuestas, pero necesita contar con más herramientas”, concluyó Char.